La defensa del Notario Único de Santo Tomás, Francisco Mejía De La Hoz, no solo rechazó los delitos que imputó la Fiscalía en el caso de robo de tierras en Soledad, sino que señaló al ente acusador de "desconocer la naturaleza misma de la función notarial".

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el defensor de Mejía, el abogado Sergio Fruto, recordó que su prohijado fue imputado de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para delinquir y urbanización ilegal.

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Lo primero que indicó Fruto es que la escritura "no equivale a propiedad ni dar por acreditada su legalidad", enfatizando en que el notario "no autoriza la inscripción, solo da fe de la comparecencia y la manifestación de voluntad".

Recriminó que la Fiscalía no individualizó y exhibió las supuestas 39 escrituras públicas segregadas, que presuntamente contenían unos paz y salvo espurios.

La defensa del Notario Único de Santo Tomás expresó que Mejía "no puede ni debe entrar a juzgar la legalidad sustancial del contrato, ni verificar la realidad material del dominio; su función es formal, instrumental y limitada a los requisitos legales del acto notarial".

Citó jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, donde se enfatizó en que "el notario actúa como fedatario" y que "las consecuencias materiales del acto pertenecen al ámbito de los otorgantes". 

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Frutos sostuvo que Mejía, como notario, no emite voluntad ni transfiere dominio para cometer prevaricato y remarcó que la Fiscalía tampoco precisó cuáles son los paz y salvo presuntamente falsos que expidió el funcionario público.

Igualmente, sobre la urbanización ilegal indicó que el notario "no autoriza urbanizaciones ni planifica usos del suelo", puesto que "no es curador ni planificador (...) ni ejecuta obras, no subdivide físicamente los predios, no autoriza ni tramita licencias urbanísticas". 

Dentro de su argumentación, consideró un "error garrafal" confundir "una escritura pública con un acto administrativo", además, alegó que la Fiscalía no presentó acuerdos o pactos previos, el rol de su defendido o la finalidad para cometer delitos para imputarle asociación para delinquir.

Llamada de Mejía con Registrador de Instrumentos Públicos

Se refirió puntualmente a una interceptación de Mejía con el registrador Iván Carlos Páez, en la que el ente acusador intentó acreditar que el notario no asistió a una reunión para supuestamente tratar el robo de tierras y que le llevaba clientes a Páez.

Según el defensor, la reunión fue citada por la Superintendencia de Notariado para todos los Registradores de Instrumentos Públicos, Notarios y Curadores Urbanos del País.

Además, del supuesto cliente, comentó que Mejía se iba a encontrar con el registrador Páez para entregar una declaración jurada de dos personas que solicitaban una actuación notarial por inconvenientes con una escritura pública. Estas personas, por su supuesta avanzada edad y desconocimiento, "no podían adelantar el trámite por cuenta propia".

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Por último, en su argumentación indicó que las actuaciones notariales de Mejía no han sido revocadas ni puestas en tela de juicio a lo largo de su carrera, por lo que apuntó que no puede "pretenderse" alegar que de no ser cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario seguirá presuntamente cometiendo irregularidades.

Cabe destacar que el abogado defensor no hizo referencia a la intercepción que presentó el ente acusador en la que una persona identificada como Vadir Saín Aduen y otra, llamada Eder, afirman que en la Notaría Única de Santo Tomas elaboran escrituras públicas "chimborrias".

La Fiscalía solicitó para Francisco Mejía De La Hoz y los otros 16 capturados por pertenecer a una presunta red de robo de tierras medida de aseguramiento en centro carcelario.